Los Servicios Públicos se han revelado como la mejor garantía para la ciudadanía en épocas de inestabilidad e incertidumbre. Son la barrera que nos protege cuando nos asola una crisis económica, sanitaria o una catástrofe medioambiental. Son garantía de equidad, de igualdad y de cohesión. Son patrimonio de todas y todos.
La ciudadanía necesita servicios públicos de calidad.
Son los cimientos de nuestras sociedades, al servicio de todos los seres humanos desde que nacemos hasta que nos vamos. Garantizan la igualdad de trato, evitan la discriminación, hacen posible el disfrute de nuestros derechos humanos y abordan las desigualdades de riqueza, poder y conocimiento. No dejan a nadie atrás. Y son las decenas de millones de trabajadores europeos de la sanidad, las administraciones y agencias públicas, la educación, la asistencia, los municipios y las regiones, en los servicios públicos antiguos y nuevos, quienes los prestan.
El Pilar Europeo de Derechos Sociales establece las prioridades de la UE para reforzar la protección y la inclusión sociales. En el Capítulo III destaca el derecho a acceder a servicios públicos asequibles y de alta calidad y a los trabajadores que los prestan. La Comisión Europea debe adoptar un plan de acción concreto para cumplirlo.
Los últimos cinco años han demostrado hasta qué punto Europa depende de los servicios públicos, ya se trate de pandemias, catástrofes climáticas o ciber-amenazas. Estos retos no harán sino crecer. La resiliencia, la competitividad y la sostenibilidad no son posibles sin unos servicios públicos fuertes, porque son la infraestructura que permite a las empresas funcionar, a las personas acceder a sus derechos y a la sociedad evolucionar. Si la preparación es una prioridad europea, los servicios públicos deben ser su fundamento.
Europa necesita servicios públicos de calidad. Necesita una Agenda Política para los Servicios Públicos que garantice que la UE está cerca de las necesidades y deseos de los europeos.
Todos los planes, estrategias y políticas europeos deben:
- Reconocer el papel clave de las administraciones públicas y los organismos reguladores, incluso en su aplicación.
- Garantizar la existencia de servicios públicos que acompañen y sostengan los objetivos políticos.
- Garantizar una inversión y financiación públicas adecuadas, en lugar de dejar áreas clave en manos de las fuerzas del mercado o de agentes privados.
- Considerar el papel de las empresas públicas (europeas) en la consecución de las prioridades compartidas.
- Ir acompañadas de condicionalidades sociales, medioambientales y fiscales.
- Compararse con el Protocolo sobre Servicios de Interés General.
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